Se habla mucho de las consecuencias que ha dejado tanto para la economía como para los ciudadanos la pandemia que hemos vivido. Muchos se  han visto con los negocios cerrados, en situación de ERTE, teniendo que convivir en  un apartamento hasta cinco personas.

Pero hay situaciones que generan otras situaciones, en  este caso, que intentamos abordar hoy desde el punto de vista del derecho penal y no desde el sociológico nefasta  para la economía y para la sociedad de nuestro país. 

Podremos encontrar en una publicación de El Mundo que el fenómeno de la ocupación ha aumentado en un increíble 300% como consecuencia del confinamiento.

El problema moral surge cuando hay ciertos sectores de nuestra sociedad que “permiten”, exculpan o justifican tales acciones relacionando la ocupación de viviendas con otros dos problemas que tenemos en nuestra sociedad:

El aumento de los desahucios tras la última crisis que vivimos  y la existencia de miles de personas sin hogar en nuestro país.

Pero, ¿por qué no debemos minimizar la ocupación? 

Basándonos en el precepto de que hay viviendas vacías y gente  sin hogar podemos hacer “la vista gorda” y dejar que tengan un techo.

Cierto, pero no  deben ser los dueños de las viviendas los que carguen con el coste de dos problemas que tiene una sociedad entera. Las casas ocupadas no suelen ser propiedad del Estado sino casas particulares, elegidas arbitrariamente.

Para solucionar el problema de gente sin techo deberíamos poner en marcha medidas  que sin duda  aumentarían el gasto público (en otras palabras los impuestos que  sufragamos todos aumentarían).

La segunda precisión que deberíamos hacer es acerca del derecho a una vivienda digna que todos conocemos y que aparece en la Constitución. Lo primero que tenemos  que  saber es que este derecho no se encuentra en el Capítulo II  («Derechos y libertades»; «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas») sino en el III («De los principios rectores de la política social y económica»).

¿Qué quiere decir esto? que se trata más que un  derecho que debemos exigir por  nacimiento una imposición al Estado en su conjunto está obligado  a intentar cumplirlo. Es decir, un ideal, algo que tiene que conseguir el  Estado y que nosotros no podemos exigir ante las autoridades sin más.

Mientras que, el derecho a la propiedad si se encuentra recogido en el Capítulo II del Título I de la Constitución (artículo 33), y es un derecho frente al cual el Estado no puede ceder, da igual si la vivienda ocupada es una residencia habitual, una segunda residencia o un bien un inmueble de escaso valor.

¿Qué sucede en España?

Mirando la situación desde el punto de vista del derecho penal el cumplimiento de las leyes es “defectuoso”. Según un reciente estudio de FEANTSA (European Federation of National Organisations working with the Homeless), del anterior año en España viven alrededor  de unas 40.000 personas sin hogar.

Datos devastadores que  ponen en entredicho el papel de las autoridades, manifiestan el fracaso de la sociedad en conjunto y son más que suficientes para prestar atención a algo que consideramos ya una lacra.

Pero el que haya tantas personas sin hogar no puede (ni debe) ser justificación para que no luchemos con todas nuestras formas para erradicar la ocupación de las viviendas. Al igual que con los datos anteriores también existen datos de las viviendas ocupadas en 2019, nada más y nada menos que 14.394,número que se estima triplicarse tras la pandemia.

No debemos olvidar tampoco que en algunos casos estas ocupaciones no responden a las carencias que tenemos como sociedad sino a motivos como drogas, mafias o la decisión consciente de no estar dentro de la sociedad (tener un trabajo o decidir pagar un alquiler).

Por lo tanto y como bien nos explican los abogados penalistas Madrid, el Estado no debería permitir que unos pocos acarreasen con el peso de toda la  sociedad perdiendo sus viviendas y que no se restituya inmediatamente su derecho a la propiedad.

Es urgente (dado el aumento de los casos) que haya una reforma legislativa integral  que pueda permitir a las autoridades erradicar la ocupación de forma completa e inmediata.